Imagina la escena dentro de un año. Uno de tus operarios, en vez de coger el parte del turno y salir corriendo, se para en la puerta y te hace una pregunta que nunca te había hecho: qué registras exactamente de mí mientras trabajo, y para qué. No está enfadado, no te está retando. Está informado. Y tú, en ese momento exacto, te das cuenta de que una respuesta lista no la tienes.
Hoy esa pregunta casi nadie la hace. Se ficha, se trabaja, y si algo no cuadra la explicación que circula es siempre la misma: es el sistema. Una frase que cierra cualquier conversación, porque contra un sistema no se discute. El problema, para quien gestiona ese sistema, es que la frase está a punto de dejar de funcionar. Europa ha decidido poner por escrito un principio que hasta ayer quedaba al buen criterio de cada uno: quien trabaja tiene derecho a saber cómo se le controla, se le mide y se le evalúa, sobre todo cuando lo hace un software en lugar de una persona.
El empujón tiene nombre, Directiva (UE) 2024/2831, en vigor desde diciembre de 2024, que cada Estado debe transponer antes del 2 de diciembre de 2026. En España el terreno ya estaba abonado: la Ley Rider de 2021 obligó a las plataformas a enseñar las cartas de sus algoritmos a la representación de los trabajadores, y esto es un paso más en la misma dirección. Nació para los riders y el trabajo en plataformas, pero está haciendo de altavoz a una idea que afecta a cualquiera que mande a alguien a trabajar: la vigilancia opaca, esa que nadie te explica, tiene los días contados.
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Abre tu pruebaLa tortilla se da la vuelta
Lo que cambia de verdad no es la ley en sí, es quién tiene ahora la sartén por el mango. Durante años el control fue un juego de un solo sentido: quien gestionaba sabía, quien trabajaba aguantaba, y a quien pedía explicaciones le respondía el silencio del algoritmo. Ahora se da la vuelta a todo. El empleado que se informa, y se va a informar, deja de ser el que tiene que justificar dónde estaba a las cuatro de la tarde, y pasa a ser el que te pregunta a ti por qué tú, a las cuatro de la tarde, sabías dónde estaba.
Y es aquí donde la mayoría de los sistemas que circulan se pega el batacazo, porque recogen mucho más de lo que hace falta: posición continua, rutas, paradas, tiempos muertos. Cosas que no vas a mirar nunca, hasta el día en que las mira otro. Vigilar a escondidas a tus trabajadores todo el día es como leerle el móvil a quien duerme a tu lado: aunque no encuentres nada ya has perdido, porque te has puesto a mirar. Y delante de una persona informada, o peor, delante de la AEPD, la frase “solo quería saber si trabajaban” suena exactamente igual que “solo quería echar un vistazo”.

Buena parte ya es ley, no espera a 2026
Conviene quitarse una ilusión: para meterte en un lío ni siquiera hace falta esperar a la transposición, porque el grueso de esta partida ya está escrito. El artículo 90 de la LOPDGDD ya te obliga a informar de forma expresa y clara a los trabajadores, y a su representación legal, cuando usas dispositivos de geolocalización para el control de la actividad. El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores te impone consultar antes con el comité de empresa sobre las decisiones que afectan a la organización del trabajo y a su control. Y el RGPD te exige recoger solo los datos que realmente sirven, guardarlos el tiempo justo y ni un minuto más, y decirle claramente a la gente qué estás haciendo con sus datos.
Y no es teoría de congreso. Cuando el Ayuntamiento de Alcobendas usó los datos de GPS de la PDA de un agente de la Policía Local para abrirle un expediente disciplinario, la AEPD lo señaló por algo muy concreto: esos datos se habían recogido para una cosa y se estaban usando para otra. La posición de una persona no es un cajón del que sacas lo que te convenga cuando te conviene. Y casi todas las sanciones por abuso de geolocalización empiezan igual, con la denuncia de un trabajador o de un ex, no con una inspección caída del cielo. Hasta ahora se movían pocos, porque pocos sabían que podían y a dónde llamar. Es justo ese “pocos” lo que la oleada de normas que viene está borrando: cuanta más gente conoce sus derechos, más sube la probabilidad de que alguien, un día, decida ejercerlos. Y en España, además, hay autoridades autonómicas, la APDCAT en Cataluña, la AVPD en el País Vasco, que también vigilan lo suyo.






